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Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad han sido históricamente invisibles en el sistema de derechos humanos y no han sido tenidas en cuenta en la labor de derechos humanos, lo cual ya no podía ser aceptable.

Las personas con discapacidad han sido históricamente invisibles en el sistema de derechos humanos y no han sido tenidas en cuenta en la labor de derechos humanos, lo cual ya no podía ser aceptable. Por ello, el 13 de diciembre de 2006, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo; fue aprobada por nuestro pais mediante la Ley 3.540 del 24 de julio de 2.008.

La Convención es el fruto de décadas de trabajo de las Naciones Unidas para cambiar las actitudes y enfoques hacia las personas con discapacidad (diversidad funcional). Se necesitaba un instrumento para cambiar el viejo paradigma médico rehabilitador que consideraba a las Personas con Discapacidad como "objetos" de caridad, tratamiento médico y protección social hacia una visión de las personas con discapacidad como "sujetos" con derechos, que sean capaces de reclamar esos mismos derechos y tomar decisiones para sus vidas, con su consentimiento libre e informado, de manera a ser miembros activos de la sociedad.

Aunque las personas con diversidad funcional (discapacidad) siempre han tenido los mismos derechos que todas las demás, es la primera vez que sus derechos son expuestos de forma exhaustiva, para ser un instrumento internacional vinculante.

El desarrollo de la Convención refleja el cambio que ha tenido lugar en la percepción de la discapacidad y de las personas con discapacidad. Históricamente, la discapacidad era considerada un trastorno personal que residía en el individuo. Dado que “ser discapacitado” se consideraba una carencia del individuo, se veía en ello la causa natural que impedía a algunas personas asistir a una escuela normal, obtener un empleo o participar en la vida social. Cuando la discapacidad se percibe de esa manera, las respuestas de la sociedad se limitan a uno de los dos caminos siguientes: “reparar” a la persona mediante la medicina o la rehabilitación (enfoque médico), o proporcionarle cuidados por medio de programas de beneficencia o de asistencia social (enfoque de beneficencia). Según este antiguo modelo, la vida de las personas con discapacidad se entrega a profesionales que controlan decisiones tan fundamentales para ellas como la escuela a la que asistirán, el tipo e apoyo que recibirán y el lugar donde vivirán.

La Convención es una herramienta de Derechos Humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se reafirma que todas las personas con cualquier tipo de discapacidad deben poder disfrutar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas. También se aclara y precisa cómo se aplican todas las categorías de derechos a las personas con discapacidad, y se indican las esferas en las que han de introducirse adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y en las que se han vulnerado o es necesario reforzar la protección de esos derechos.